El sistema de Riesgos del Trabajo atraviesa una crisis sin precedentes. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la “industria del juicio” generó en el último año un aluvión judicial valuado en más de $2 billones, lo que equivale a casi 7 millones de salarios mínimos.
La UART advirtió que esta situación amenaza a un sistema que protege a 10 millones de trabajadores y a un millón de empleadores. Pese a la baja sostenida en accidentes y muertes laborales, la litigiosidad sigue creciendo sin lógica aparente.
2025: un año que marcará un nuevo récord de juicios
El informe proyecta que el 2025 romperá todos los récords: se esperan unas 130 mil nuevas demandas laborales, es decir, más de 10 mil juicios por mes. Este escenario no solo tensiona al sistema de ART, sino que encarece el llamado “costo argentino”, al desalentar la generación de empleo formal.
Las provincias más afectadas por la ola de juicios son Buenos Aires (40 % de los casos), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19 %) y Santa Fe (14 %).
El eslabón judicial que falta: sin control, el sistema se desbalancea
Uno de los factores clave detrás del avance desmedido de los juicios laborales es la falta de implementación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), previstos en la Ley 27.348 de 2017 para asegurar pericias objetivas y uniformes. Ocho años después de sancionada la norma, 17 provincias adheridas —entre ellas CABA— no cuentan aún con estos organismos, lo que deja el camino libre a pericias sin control ni estándares. En este contexto, los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad que asignan, alimentando un circuito de incentivos perversos que multiplica los litigios.
Un sistema que salva vidas, pero que podría colapsar
El Sistema de Riesgos del Trabajo logró salvar 19.000 vidas y evitar 4,7 millones de accidentes en casi tres décadas. Sin embargo, la avalancha judicial sin fundamentos amenaza con truncar este logro colectivo.
La UART advierte que, al stock acumulado de 290.000 juicios a diciembre de 2024, se sumarán los 130.000 previstos para 2025. “No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo”, alertó su presidenta, Mara Bettiol. La solución, remarcan, está en completar el eslabón judicial que resta para devolver equilibrio y previsibilidad a un modelo que protege a millones.
Desde su creación hace 29 años, el sistema de ART logró resultados concretos: redujo en un 81 % la mortalidad laboral, bajó en un 55 % la siniestralidad (con 4,7 millones de accidentes evitados) y disminuyó un 39 % la gravedad de los siniestros.
Además, ofrece coberturas superiores a las de muchos países, con atención médica integral gratuita, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades.
Cada juicio: un negocio millonario
La UART denunció que el incremento de juicios no se explica por más accidentes ni por peores servicios. Por el contrario, lo vincula a un fenómeno de “pericias médicas infladas”, que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial, y a tasas de interés judiciales desproporcionadas. Esto convierte cada juicio en una oportunidad financiera más que en un reclamo legítimo.
El rol de la Justicia: entre privilegios y polémicas
El escenario de creciente judicialización se da en paralelo a fallos polémicos, como el que reinstauró el feriado del Día del Trabajador del Estado. El Gobierno criticó duramente esta medida, a la que calificó de privilegio sindical amparado por la “casta judicial”.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, coincidieron en el rechazo a estos beneficios sectoriales que —según ellos— agravan el problema estructural del país.