Entre los 40.000 bienes muebles e inmuebles que le pertenecen el Estado, un total de 285 son producto del decomiso en causas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. En la actualidad, hay 76 remates vigentes a través de los cuales se espera recuperar más de 13 millones de dólares.
A ese listado podrían sumarse los bienes ejecutados en el marco de la causa Vialidad si el 13 de agosto Cristina Kirchner y los demás condenados, no depositan los 537 millones de dólares fijados como decomiso. La próxima instancia, será la ejecución de bienes.
El Estado Nacional tiene bajo su potestad un total de 40.000 bienes que administra la Agencia General de Bienes del Estado (ABBE), dirigida actualmente por Nicolás Pakgojz. Algunos de esos edificios son utilizados por organismos públicos, otros -en una menor cantidad- quedan bajo la órbita de la ABBE tras la orden judicial de ejecutar bienes en el marco de expedientes de corrupción, lavado de activos como narcotráfico.
En el detalle al que accedió Clarín, se consignan propiedades de las más diversas: edificios, casas, terrenos, vehículos. Y en un detalle más específico, se informó que 285 de los bienes fueron decomisados en causas de corrupción.
Pese a esa gran cantidad de bienes, el Estado pagaba más de 2.200 millones de pesos en alquiler de oficinas y edificios para organismos públicos. De hecho, el gobierno de Javier Milei dio de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220.
Asimismo, el Gobierno nacional planea continuar con esta política de optimización, previendo la baja de 106 contratos de alquiler adicionales en el futuro cercano, siguiendo los lineamientos del director Nicolás Pakgojz. “Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno con la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos del Estado”, señalaron.
¿Qué sucede con esos bienes muebles e inmuebles? El Estado los remata para recuperar parte del dinero producido en operaciones de blanqueo, en entramados de narcotráfico y casos de corrupción.
Según el sitio oficial de la ABBE, hay a la fecha 73 remates públicos de vehículos de los más variados: camionetas, autos de alta gama, otros regulares, y todos ellos representan un valor de base de la subasta pública de 433.904 dólares.
Asimismo, se exponen tres grandes propiedades que serán subastadas en agosto del año en curso, por un valor base global de 12.886.553 dólares.
En caso de que se logren subastar esos bienes muebles e inmuebles, el dinero va a una cuenta del Estado y pasa a ser parte del patrimonio del mismo.
Ante la consulta de Clarín, fuentes oficiales explicaron que los remates se logran concretar “aunque a veces hay cierto temor por la exposición que puede tener el comprador”. De hecho, desde 2023 a la fecha se finalizaron 37 remates en los que se incluyen propiedades de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas.
El listado de bienes decomisados podría incrementarse después del 13 de agosto, cuando vence el plazo para que Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad, depositen 537 millones de dólares. Es la cifra que los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia, fijaron como cifra actualizada del decomiso.
Después, el juez federal -Jorge Gorini-, responsable de ejecutar la pena, convalidó esa cifra e intimó a los condenados a depositar el dinero en una cuenta oficial. Ese plazo vence el 13 de agosto.
Si la justicia observa que en esa fecha Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y demás acusados, no pagaron, se procederá con la ejecución de los bienes embargados en el expediente.
La cifra inicial de los embargos era de 10.000 millones de pesos, pero se actualizaron hasta cubrir 685.000 millones de pesos, que es el monto del decomiso actualizado en moneda nacional.
Al analizar la cifra que corresponde al decomiso, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu indicaron que se corresponde con una “gravísima hecho de corrupción”.
La resolución sostiene: “De acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines».
En este sentido, el Tribunal ordenó que se libre oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina “para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión”.