La Justicia de Bahía Blanca condenó a seis años de prisión a un ex fiscal corrupto. Alejandro Salvador Cantaro, fue encontrado culpable de favorecer y encubrir a una organización narcocriminal que integraba su sobrino. Básicamente, el delito por el que fue imputado es «tráfico de drogas«. Sin embargo, todavía no fue a la prisión, seguirá libre.
Los hechos por los que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Bahía Blanca condenó al ex fiscal federal tuvo lugar durante marzo 2017 y abril de 2018, cuando protegió a los “Narcochetos 2”, una banda que se dedicaba al narcotráfico en esa ciudad, que integraba su sobrino Sebastián Gauna San Millán.
Este martes, los jueces Alejandro Silva, Ernesto Sebastián y Simón Bracco consideraron a Cantaro partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado; ya que fue cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito que se le atribuye.
Y aunque el tribunal pidió por su detención, Cantaro seguirá libre. ¿Porqué? se le mantendrá la libertad hasta que el fallo quede firme, según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal. «Esta sentencia no está firme y seguramente se va a recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal (por parte de la defensa). Hay 10 días para hacer esa presentación», anticipó una fuente de la Justicia en charla con diario La Nueva.
Y agregó: «Hasta el momento está en libertad sin restricciones, más allá de que no puede irse de Bahía Blanca sin comunicar al tribunal y mucho menos salir del país», explicó.
El fallo, más allá de los seis años de prisión, tiene la inhabilitación absoluta y especial de 10 años para ejercer cualquier tipo de cargo o función pública. Además, se le impuso una multa económica: 472 unidades fijas (una medida utilizada para determinar cierto tipo de multas, que se calcula sobre la base de un litro de nafta).
En el fallo, el tribunal remarcó la omisión recurrente por parte del ex fiscal de solicitar, en la causa que investigaba, la intervención telefónica de su sobrino “pese a la abundante evidencia que lo vinculaba directamente con las actividades de narcotráfico investigadas”, según reza en los considerandos.
“La contribución de Cantaro, entre el 22 de marzo del 2017 y el 14 de abril 2018, estuvo centrada medularmente en aportarles información esencial para que operaran sin ser descubiertos, posibilitándoles tomar recaudos en sus conversaciones telefónicas, y, en el caso particular de su principal protegido (Sebastián Gauna San Millán), ofrecerle la posibilidad de eludir la investigación de la Justicia fugándose a la provincia de Córdoba”, sostuvo el tribunal en su fallo.
Por último, se hizo hincapié en la “deslealtad institucional«, en «favorecer los intereses de la organización criminal», en el «ejercicio abusivo de la función pública«, y en la «traición al mandato constitucional«.
«No sólo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”, concluyó el tribunal.
Según revelaron fuentes investigativas, el nombre de Cantaro apareció mencionado en varias escuchas telefónicas en las que habló con al menos dos personas, una de las cuales era su sobrino.
En el expediente quedó detallado que en uno de los operativos en que cae la banda (fueron condenados ocho personas durante el 2020) fue incautado más de 100 dosis de cocaína compactada, 1.500 semillas y cinco plantas de marihuana, entre otros objetos. La banda fue encontrada culpable de vender drogas sintéticas en fiestas de música electrónica.