La vicepresidenta y presidenta del Senado Victoria Villarruel consolidó su rol político en las últimas semanas al convocar y presidir tres sesiones ordinarias del Congreso, cuestionando medidas de ajuste económico del Ejecutivo que este no puede controlar ni implementar plenamente. A partir de estas diferencias, se profundizó la relación deteriorada con el presidente y compañero de fórmula en las elecciones de 2023, Javier Milei, un distanciamiento que se traduce en una «guerra fría» política, con declaraciones públicas que la califican de «bruta traidora» y la excluyen de decisiones clave del gobierno.
A las diferencias políticas se suman marcadas posturas religiosas: mientras Milei combina una religiosidad menos convencional entre catolicismo y judaísmo, Villarruel sigue un catolicismo tradicional y nacionalista, vinculado a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fundada por el obispo Marcel Lefebvre en 1970, conocida por su rechazo al Concilio Vaticano II y sus posturas antimodernistas. Destaca en Buenos Aires el templo en la calle Venezuela 1318, en el barrio de San Telmo, que se convirtió en un sitio emblemático de esta corriente, donde participa de misas y mantiene lazos con organizaciones como la Fundación Tridentina por los Valores Clásicos.
La vicepresidenta sostuvo en octubre de 2024 una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano, donde conversaron cordialmente durante más de una hora; según el periodista Claudio Mardones, quedó registrada “una foto distendida, un gesto, la habitual entrega de regalos, el protocolo para jefes de Estado, y un Bergoglio sonriente”, que ya contrastó con las tensiones previas entre el pontífice y el gobierno argentino. Al revés de Milei, cuya relación generó tensiones y críticas abiertas —con expresiones como “imbécil” o “comunista impresentable”—, es vista como una devota, parte del arco ideológico de la ultraderecha, que valoró especialmente la posibilidad de estar presente en la despedida del anterior líder de la Iglesia en Buenos Aires, única representante del gobierno nacional en el acto.
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Aunque, en aquel lugar emblemático del lefebvrismo y de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, es donde Villarruel participa de misas y rituales frente al altar recuperado por la familia del fiscal Norberto Quantín. Durante años, uno de los más destacados dentro de este círculo y cercano a ella es el cura Javier Olivera Rabasi, que organizó la visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza, donde se encontraron con militares condenados por delitos de lesa humanidad.
De hecho, Olivera Rabasi ya había tenido conflictos con la Iglesia local tras su paso por San Rafael en el Verbo Encarnado y por Sara Tecampana, de donde fue expulsado, aunque mantuvo siempre su vínculo con el febrerismo y la fraternidad. Actualmente ejerce su ministerio en Estados Unidos, en la parroquia Star of the Sea (Estrella del Mar), viaja regularmente al santuario Nuestra Señora de Guadalupe en Wisconsin, dirige la Academia San Elías, un programa de educación virtual basado en artes liberales con formación católica, y fundó la editorial Parresía, vinculada a la congregación de San Elías y dedicada a la contrarrevolución cultural católica.
Tras su expulsión de Sara Tecampana, se estableció en Estados Unidos, protegido por la Iglesia Católica local, manteniendo conexiones con el febrerismo internacional y con la orden San Elías, integrada por febreristas y con propiedades en Vicente López y Estados Unidos. Su vínculo con Villarruel lo convierte en un actor clave del febrerismo en Argentina, siempre conectado simbólicamente con la casa de Venezuela 1318, punto histórico de esta tradición.
Quién es Javier Olivera Ravasi, el polémico cura vinculado a Victoria Villarruel
El sacerdote Javier Olivera Ravasi es conocido por su formación en el Instituto del Verbo Encarnado (IVE), un grupo católico de carácter extremista que estuvo envuelto en escándalos de abusos sexuales. A partir de 2015 se alejó de esa institución y fundó, junto a otro sacerdote, Federico Highton, la Orden de San Elías, que actualmente no cuenta con reconocimiento oficial en la Iglesia y desarrolla actividades principalmente en un barrio privado de San Benito.
Su figura genera controversia por los vínculos familiares y políticos: es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad y actualmente bajo prisión domiciliaria tras haber estado prófugo varios años luego de su fuga en 2017. Al mismo tiempo, el sacerdote fue vinculado a la organización de una reunión polémica entre legisladores libertarios y represores encarcelados, incluyendo figuras de la dictadura como Alfredo Astiz y otros exmilitares y agentes represores.
Al interior de la Iglesia, su trayectoria refleja cercanía a posturas ultraconservadoras: tuvo vínculos con sectores lefebvristas, aunque él mismo se distancia de considerarse un ortodoxo. Fue capellán en una parroquia de un barrio cerrado de alto nivel y se mostró crítico de la política oficial de derechos humanos en Argentina, apoyando el concepto de «memoria completa«, que cuestiona la versión oficial sobre la dictadura.
En la Iglesia y en la política, la figura de Olivera Ravasi genera controversia por sus posturas y vínculos. Así también, ejerció influencia en sectores cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel y en fuerzas conservadoras y libertarias, lo que motivó que fuera retirado de la residencia en la diócesis de Zárate-Campana y deba regresar a su diócesis de origen en Mendoza, bajo seguimiento de la Conferencia Episcopal Argentina.