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En los años ’90, el gobierno de Carlos Menem implementó un brutal plan de ajuste dictado por el FMI y el Banco Mundial, basado en la privatización de empresas públicas, el achique del Estado y la flexibilización laboral. Estas políticas golpearon especialmente a las provincias más pobres, como Santiago del Estero, donde la mitad de la fuerza laboral era estatal y la economía dependía fuertemente del empleo público.
En este marco, la provincia atravesaba una crisis económica extrema. Hacía tres meses que los trabajadores estatales y los jubilados no cobraban sus salarios, y cuando finalmente se anunció el pago, sería con un recorte del 50%. Además, la llamada “ley Ómnibus” impulsada por el gobernador Fernando Martín Lobo (del PJ, alineado con Menem) preveía el despido de 10.000 empleados públicos, lo que significaba condenar a la miseria a miles de familias. La corrupción política era rampante: Lobo había asumido tras la renuncia de Carlos Aldo Mujica, en una provincia gobernada durante décadas por el caudillo Carlos Juárez y marcada por fraudes electorales y manejos mafiosos del poder.
El estallido: la rebelión del 16 de diciembre de 1993
El 16 de diciembre de 1993, los gremios estatales (ATE y SIVIPSE) convocaron a una movilización contra la ley Ómnibus y el ajuste. Lo que comenzó como una protesta sindical se transformó rápidamente en una pueblada masiva: trabajadores estatales, docentes, desocupados y jubilados salieron a la calle, desbordando cualquier previsión.
La bronca popular se dirigió directamente contra la clase política y las instituciones responsables del ajuste y la corrupción. La movilización se tornó insurreccional: los manifestantes incendiaron una camioneta cerca de la Casa de Gobierno, forzando la huida del gobernador Lobo y de otros funcionarios. La sede gubernamental, los Tribunales y el Poder Legislativo fueron atacados e incendiados. La policía, desbordada, se retiró, y la multitud descargó su furia sobre las propiedades de políticos y funcionarios corruptos, saqueando e incendiando sus casas. Es importante destacar que, a pesar de la pobreza y el hambre, no hubo saqueos a comercios privados: la bronca estaba dirigida específicamente contra los responsables del ajuste y la corrupción.
La represión y la intervención federal
El gobierno nacional, con Menem en Roma recibiendo una condecoración papal, ordenó la intervención federal de la provincia. El 17 de diciembre llegó el interventor Juan Schiaretti, acompañado por la Gendarmería y los fondos necesarios para pagar los salarios adeudados, en un intento de apaciguar la situación. La represión fue brutal: cuatro muertos y cientos de detenidos. Sin embargo, la intervención logró momentáneamente calmar la rebelión, aunque no resolvió los problemas de fondo.
Consecuencias políticas y lecciones del Santiagueñazo
El Santiagueñazo fue una de las primeras grandes rebeliones contra el menemismo y el neoliberalismo en Argentina. Demostró que demandas mínimas, como el pago de salarios, podían transformarse rápidamente en una lucha política más amplia contra las instituciones y los partidos tradicionales. La movilización logró hacer huir a todos los funcionarios y conseguir el pago de los sueldos adeudados, pero no pudo derogar la ley Ómnibus ni evitar el regreso de figuras corruptas como Carlos Juárez, quien fue reelecto gobernador en 1995 y montó una red de espionaje e intimidación para sofocar futuras rebeliones.
Una de las lecciones más importantes del Santiagueñazo fue la falta de una dirección política clara que pudiera canalizar la energía de la revuelta hacia un cambio más profundo y duradero. Si bien la rebelión mostró la fuerza y disposición de las masas para tomar la ciudad y sus instituciones, faltó un programa y una organización que permitiera ir más allá de la demanda inmediata y avanzar en una salida de fondo, donde la crisis la pagaran los capitalistas y sus partidos.
Importancia histórica en el ciclo de luchas de los ’90 y el 2001
El Santiagueñazo fue el primer gran antecedente de las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001. Anticipó el “que se vayan todos” que se convertiría en el grito de guerra de millones de argentinos hartos de la clase política y el ajuste. Fue también el punto de partida del movimiento de desocupados de los años ’90, que jugaría un papel central en las luchas posteriores.
La rebelión santiagueña mostró que las políticas neoliberales, cuando se combinan con la corrupción y la falta de respuestas a las necesidades básicas, pueden provocar estallidos sociales de gran magnitud. El Santiagueñazo fue una advertencia temprana de que el ajuste menemista no pasaría sin resistencia, y que la bronca popular podía desbordar los límites de la protesta sindical para transformarse en una pueblada insurreccional.
En suma, el Santiagueñazo es una referencia obligada para entender el ciclo de luchas que, a lo largo de los años ’90, fue acumulando fuerzas y experiencias hasta desembocar en el estallido de 2001. Su legado sigue vigente como ejemplo de la capacidad de la clase trabajadora y el pueblo para enfrentar los planes de ajuste y a la clase política responsable de la miseria y la corrupción.
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