En estos días se actualizaron los informes sobre la incesante ola de cierres de fábricas y empresas desde que asumió este gobierno de ultraderecha, con la monstruosa cantidad de despidos que generan sus políticas de motosierra, apertura económica y precarización de las condiciones de empleo y contratación, a partir de su DNU 70/23 y la Ley Bases, que avanzaron en muchas de las medidas que buscan profundizar con el proyecto de contrarreforma laboral esclavista que quieren tratar en el Senado el 10 de febrero.
Los informes del Centro CEPA y del especialista e investigador Luis Campo, de la CTA Autónoma, marcan datos muy crudos: cerraron más de 21 mil empresas desde diciembre de 2023 y hubo más de 270 mil despidos. Eso explica el titular de esta nota: cierran 30 empresas al día -más de una por cada hora-, y 371 trabajadores por día pierden su puesto de trabajo.
Es la realidad que debemos enfrentar, demandando un paro y movilización a las centrales nacionales y en cada gremio, siendo parte del Cabildo Abierto el 4 de febrero a las 16 h en el hospital Garrahan.
🤝 Nos preparamos para el 10 de febrero ‼️
⚠️ Ese día el gobierno nacional tiene previsto tratar el proyecto de Reforma Laboral y de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo. + pic.twitter.com/diOqA9CAJ5
— Asoc. Profesionales y Técnicos – Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) January 10, 2026
A su vez, desde el MST junto a Vilma Ripoll como diputada nacional, y acompañado por las demás bancas del Frente de Izquierda Unidad, presentamos un proyecto de Emergencia Laboral Nacional y Promoción del Empleo Formal (N° 6589-D-2025, ver y descargar acá). Como explicamos en sus Fundamentos, este proyecto de ley tiene por objeto enfrentar la profunda crisis laboral, social y económica que atraviesan la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país, agravada por las políticas del gobierno ultraderechista de Javier Milei, la Libertad Avanza, su alianza con el PRO y el acompañamiento cómplice de los distintos gobernadores, sectores patronales y burocráticos.
El viejo y repetido verso de resignar derechos para que haya trabajo
Como denunciamos, durante las últimas cinco décadas, los gobiernos militares, del PJ, la UCR, Alianza, del PRO y la ultraderecha, impulsaron supuestas “reformas laborales” en nombre de la “modernización”, la “productividad”, las “inversiones”, el “empleo formal” y apelando con hipocresía a las carencias de jóvenes y sectores “sin derechos ni estabilidad”, consecuencia de las políticas que esos mismos gobiernos aplican, las que no han hecho más que incrementar la informalidad, precarizar las condiciones de trabajo, facilitar los despidos y degradar los salarios reales.
Pero la historia reciente evidencia que ninguna de las llamadas “reformas laborales” impulsadas por los sucesivos gobiernos capitaliatas ha generado empleo genuino ni formalización laboral. Al contrario, incrementaron la informalidad en el empleo, la que saltó del 10% en 1974 al 21% en 1982 con la dictadura.
En 1989, Raúl Alfonsín terminó eyectado con el 32,5% de informalidad. En 1995, Carlos Menem terminó su primera presidencia con un 30% y al finalizar su reelección en 1999, la informalidad laboral trepó al 37%, casi 4 de cada 10 trabajadores en condiciones precarias por esas contrarreformas.
De la Rúa la elevó al 38% y luego del breve gobierno de Duhalde, saltó al 49.7% en 2003 tras el estallido de la convertibilidad que provocó el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Después la informalidad “bajaría” en términos relativos al 33.5% en 2013, tras una nueva década perdida, pese a las altas tasas de “crecimiento” derivadas del rebote económico pos crisis de 2001 y la coyuntura internacional con alto rendimiento de los comodities.
Con Macri la informalidad laboral pasó al 40,2% en 2019 (Infobae, 6/01/2024). Y con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa (2019-2023), sube al 41.4% en 2023, según el INDEC. Así arrancó Milei, pero con sus políticas nefastas volvió a saltar al 43,2% el trabajo informal en este segundo trimestre de 2025, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Desmintiendo los supuestos “beneficios” de la Ley Bases, del DNU 70/23 y de toda la desregulación y ajuste ultraderechista. Así, cada “reforma” fue un ataque a las conquistas históricas de la clase obrera y un beneficio para las grandes patronales, bancos, terratenientes, sectores concentrados de la economía y el FMI.
La cuarta y más agresiva oleada en la contrarreforma laboral
En Argentina pueden identificarse una secuencia de oleadas o fases en el intento de liquidar los derechos laborales en las últimas cinco décadas: La primera comenzó con la dictadura militar de 1976, con Videla, Martínez de Hoz y el FMI, al derogar la Ley de Contrato de Trabajo, reemplazándola por la Ley 21400/76. Bajo un genocidio se prohibió el derecho de huelga, se disolvieron los cuerpos de delegados y se instauró un régimen de terror, interviniendo la CGT y los sindicatos. Hubo apertura de importaciones, ingreso de capitales especulativos y desindustrialización. El discurso de entonces era un calco del actual: la confianza ciega en la regulación del “mercado” y el verso de “modernizar” y hacer más “eficiente” la economía. Terminó en desastre.
La segunda fase más clara fue en los ’90 con el gobierno peronista de Carlos Menem, en el marco del Consenso de Washington y el FMI. Con el discurso de “flexibilizar el trabajo para crear empleo”, se legalizaron múltiples formas de contratación precaria, se fragmentó la negociación colectiva, redujeron las indemnizaciones y bajaron los aportes patronales a la mitad (del 33% al 18%). El resultado: fuerte crecimiento del trabajo informal, desindustrialización y endeudamiento.
Hubo otro intento con la Ley 22.250 o “Ley Banelco” para suspender la ultraactividad de los convenios, habilitar convenios por empresa y aumentar el período de “prueba” a seis meses. Una ley pedida también por el FMI, que De la Rúa promulgó en el 2000 y marcó el inicio del fin de la Alianza por la denuncia de coimas en el Senado para votarla.
Los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y el PJ sostuvieron el paquete legal que garantiza el trabajo precario e informal, pese al contexto internacional para revertirlo. No lo hicieron, defendiendo la lógica de este sistema capitalista que defienden porque, como reconoció la ex presidenta, “nunca los bancos y empresas ganaron tanto como con estos gobiernos”.
Una tercera fase se vivió con Macri, que intentó una flexibilización laboral en 2017/18 bajo el argumento de que las leyes eran “obsoletas” y desalentarían el empleo y las inversiones. Junto a una reforma judicial al propagandizar la supuesta “industria del juicio laboral” que hacen los trabajadores ante despidos, accidentes de trabajo o en defensa de sus derechos que las patronales no reconocen. No pudo aprobarla, pero avanzó en convenios regresivos sectoriales, mientras aumentaban la informalidad y el desempleo.
Ahora, con Javier Milei asistimos a la más agresiva fase de esta contra ofensiva antiobrera y reaccionaria: el DNU 70/23, declarado inconstitucional por la Justicia del Trabajo, y su Ley Bases son una vuelta atrás en años en la legislación laboral. Como antes, tampoco generaron empleo, sino que luego de dos años de motosierra, hay “menos empleo y más salida del mercado laboral, menos asalariados formales, más cuentapropistas e informales” (El Economista, 18/9/2025).
El cuento de la “modernización” y la estafa reiterada del “empleo formal”
Milei y sus voceros patronales y mediáticos repiten que su reforma buscaría “dar derechos a los que no los tienen” y “crear trabajo formal”. Es el mismo verso que usaron los militares, el menemismo, la Alianza y el macrismo. Pero no hay un solo artículo que mejore la situación de quienes trabajan en la informalidad. Al contrario, anulan derechos de los que aún los conservan, empujando a la baja las condiciones generales de la clase trabajadora.
Como demostramos, cada avance en la “reforma laboral” capitalista se tradujo en más informalidad, más desempleo y salarios más bajos. La supuesta “creación de empleo formal” nunca ocurrió porque es un eslogan discursivo para que pase la quita de derechos. Y porque no depende de las leyes laborales, sino del modelo de desarrollo económico y del reparto efectivo de la riqueza socialmente generada.
Salarios “dinámicos” y “banco de horas”, herramientas del ajuste empresarial
Ahora reinstalan estos mecanismos: el “banco de horas” ya está en la actual legislación mediante los convenios colectivos, es presentado como un “mecanismo de flexibilidad”. Elimina las horas extras, desorganiza la vida obrera y deja a cada trabajador “a disposición” de la empresa, que puede exigir más horas sin pagarlas como tales.
Y el invento de los “salarios dinámicos”, del Secretario de Trabajo Julio Cordero -abogado por décadas del grupo Techint-, busca sustituir los componentes fijos del salario (básico, antigüedad, etc.) por conceptos variables ligados a la productividad o la decisión del empleador. Ambos persiguen un mismo objetivo: reducir el costo laboral y aumentar las ganancias empresarias, precarizando aún más la vida laboral.
La obsesión y “libertad” de despedir fácil y barato
Otro eje es facilitar y abaratar los despidos. La ley 20.744 fija una indemnización igual a un sueldo por año trabajado, tomando en cuenta todos los adicionales salariales. Pero quieren reducirla a solo 10 sueldos, excluyendo adicionales y aguinaldo, y pagarla en cuotas.
Es legalizar el despido libre y barato: a un trabajador con 20 o 30 años de antigüedad se lo puede echar con una suma miserable. A su vez, reemplazar la indemnización por un “fondo de cese laboral” pagado por los propios trabajadores (UOCRA) es otra cesión al poder patronal. La CGT se limitada a presentaciones judiciales o parlamentarias, sin organizar un paro y un verdadero plan de lucha nacional para derrotar la reforma laboral, con el ejemplo del gran triunfo de la lucha del Garrahan.
Para quitar derechos, también atacan el derecho de huelga
Uno de los elementos más perversos de las medidas que propone el gobierno es el intento de cercenar los derechos de huelga y organización que han conquistado los trabajadores y trabajadoras durante décadas. No es casualidad. Es la protesta la que ha permitido conseguir los derechos que tenemos, la que permitió defenderlos y lo hará nuevamente ante esta nueva fase de reformas.
La huelga es “la madre de todos los derechos” y por eso el gobierno y los empresarios quieren limitarla, no solo en los “servicios esenciales” sino en prácticamente toda la actividad económica. Además, le dan más poder a las empresas para limitar las asambleas y toda acción sindical, así como afectan la representación de base mediante la reducción de la cantidad de delegados y la tutela los representantes obreros (delegados, congresales, etc.).
Tenemos nuestra propia propuesta para democratizar los sindicatos y superar sus límites burocráticos, pero no será de las manos del Estado. Por eso rechazamos esta ofensiva incluida en la “reforma laboral”, así como cualquier injerencia del Estado en la libre organización gremial.
Hay plata: que la crisis la paguen quienes la provocan
Esta contrarreforma laboral es parte de las “reformas estructurales” que exigen el FMI, Trump y el Tesoro yanqui, junto con la reforma fiscal y previsional. Milei las llama “reformas de segunda generación”, pero su contenido es idéntico al de las dictaduras, los gobiernos patronales y el FMI en las últimas décadas: bajar impuestos a los ricos, reducir el “costo” social y recortar jubilaciones, todo para asegurar la ganancia capitalista.
Por eso impulsamos esta Ley de Emergencia Laboral y Promoción del Empleo Formal (proyecto N° 6589-D-2025, ver y descargar acá) con medidas concretas e inmediatas para proteger los derechos conquistados, ampliarlos, generar empleo genuino y distribuir la riqueza socialmente producida. Es falso que “no hay plata” como repiten Milei, los distintos gobernadores, empresarios y el Fondo Monetario.
Por eso proponemos un impuesto extraordinario y permanente a la renta financiera, a las grandes fortunas, bancos, multinacionales y terratenientes, así como el no pago de la estafa de la deuda externa, destinando esos recursos a resolver las estas demandas sociales. Con ello se podrían construir 500.000 viviendas populares dando trabajo genuino a más de 2 millones de personas, lo cual reactivaría la economía en beneficio del pueblo trabajador.
La necesidad de un paro activo de la CGT y las CTA. Cabildo Abierto en el Garrahan
El gobierno no la tiene fácil, pero avanza negociando con los gobernadores. De forma obscena prometen plata y prebendas a cambio de votos. La postergación de su tratamiento al 10 de febrero, luego de la marcha pobre y sin continuidad de la CGT a Plaza de Mayo en diciembre, plantea la demanda para que la CGT y las CTA le pongan fecha ya a un paro nacional activo y un verdadero plan de lucha. Ya se demostró que el gobierno puede ser derrotado con movilización y paro, como ocurrió al tumbarles la Ley Ómnibus. Hay que aprovechar el tiempo para organizar desde abajo: asambleas, mandatos, campañas de explicación y la unificación de ocupados y desocupados, estatales, precarizados, juventud y jubilados, defendiendo el derecho de huelga y a la protesta frente a la avanzada represiva.
Para votar e impulsar una gran movilización nacional el 10 de febrero y exigir un paro activo de la CGT y las CTA, sumando al Cabildo Abierto del 4 de febrero a las 16 h en el Hospital Garrahan y construyendo una columna independiente. Con un programa de rechazo a las reformas de Milei, al Presupuesto 2026 y a los 44 sumarios persecutorios en el hospital, y por la aplicación efectiva de las leyes de emergencia en salud, discapacidad y universidad.
Hay otra salida al servicio de las mayorías sociales, debemos imponerla con lucha y movilización, siguiendo el ejemplo del Garrahan. Porque defender los derechos laborales no es mirar al pasado, sino construir un presente y futuro con justicia social, igualdad y solidaridad para la clase trabajadora y el pueblo.