Acorralado por los cuestionamientos de la sociedad, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió finalmente que haber llevado a su esposa en el avión presidencial a Nueva York fue “un error” y “una pésima decisión”, al tiempo que pidió disculpas. Si de honrar la función pública se trata, correspondía que Adorni presentara su renuncia en forma indeclinable y que esta fuera inmediatamente aceptada por el presidente de la Nación, quien se ha desprendido de otros funcionarios por cuestiones mucho menos relevantes.
Desatado el escándalo por la inapropiada decisión de permitir que la esposa del jefe de Gabinete, que no ocupa cargo alguno en el Gobierno, subiera al Tango 01, se escucharon justificaciones inadmisibles desde el oficialismo. Una de ellas partió del propio presidente Javier Milei, quien señaló que la adición de una pasajera en una plaza del vuelo que de otro modo hubiese quedado vacía no generó un costo adicional al Estado. El primer mandatario intentó así fallidamente enmendar una grave falta ética con un razonamiento matemático.
Ningún funcionario puede ignorar las obligaciones que le impone la tantas veces olvidada ley de ética en el ejercicio de la función pública. Concretamente, el inciso g) de su artículo 2° dispone que entre los deberes y pautas de comportamiento ético se encuentra “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa”. Según explicó el propio funcionario, su mujer, Bettina Angeletti, debía viajar a Nueva York por razones profesionales. El mismo artículo podría aplicarse a la sospechosa difusión que, más de un año atrás, le dio el primer mandatario a la criptomoneda que desató el escándalo $LIBRA, que hoy sigue golpeando al Presidente.
Del mismo modo, resulta equivocado sostener que situaciones como la de la esposa del jefe de Gabinete no le generan perjuicios económicos al Estado. Uno de los activos más importantes para la llegada de inversiones y el desarrollo económico de la Argentina es la confianza, y la acción de Adorni, sumada a las sospechas en torno de su viaje a Punta del Este en un costoso jet privado junto a su familia y un amigo contratado por la TV Pública, solo contribuyen a erosionarla.
Si bien es probable que lo sucedido pueda resultar menor frente a los millonarios escándalos de corrupción a los cuales nos tenía acostumbrados el kirchnerismo, no estamos ante una cuestión irrelevante, como pretenderían hacernos creer los escuderos de la gestión de Milei. Mientras el propio presidente de la Nación no se cansa de repetir que está dispuesto a terminar con los privilegios de la casta y proclama la moral como política de Estado, además de hacer un culto de la austeridad, un hecho como el comentado aquí termina socavando la credibilidad del Gobierno.
En agosto de 2024, durante una conferencia que brindó siendo vocero presidencial, Adorni había anunciado un decreto, actualmente vigente, que prohibía los viajes particulares en aeronaves públicas. Especificó, incluso, que de esa manera se terminaría el “privilegio” de llevar familiares en vuelos oficiales. Y, más recientemente, hacia fines de febrero último, el propio Adorni, ya como jefe de Gabinete, firmó una decisión administrativa que restringe las comitivas oficiales en viajes al exterior. La contradicción entre esas disposiciones y la posterior inclusión de la esposa del funcionario en el avión presidencial es flagrante. Más irritativa aún fue la explicación original sobre lo sucedido que dio Adorni: “Vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi compañera de vida me acompañe”. Una fundamentación disparatada y una falta de respeto a todo argentino que vive de su trabajo sin los privilegios de los que gozan algunos funcionarios públicos.
La Argentina Week, realizada durante la semana última en Nueva York, estaba llamada a representar el retorno del país a la escena internacional, como un destino atractivo para los capitales extranjeros. Sin dudas, el interés que despertaron las exposiciones de los funcionarios argentinos y los anuncios de inversiones concretados constituyen un paso muy positivo.
Lamentablemente, estos importantes hechos fueron eclipsados por el affaire protagonizado por el jefe de Gabinete. También por la profundización del internismo en el seno de la fracción gobernante; en particular, por la lucha por espacios de poder entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que aún gravita fuertemente en la Secretaría de Inteligencia y en la ARCA. Del mismo modo, ha crecido la rivalidad entre la senadora Patricia Bullrich y el propio Adorni, en tanto ambos aparecen como potenciales contendientes por la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Alentar el anticipo de la agenda electoral de 2027 podría ser un grave error del oficialismo, especialmente en un contexto en el que crece la sensibilidad social por las dificultades para derrotar a la inflación y sectores de la oposición buscan evitar las necesarias transformaciones económicas tendientes a poner fin a los desequilibrios fiscales. Frente a un escenario tan exigente, las autoridades nacionales no pueden darse el lujo de cometer desatinos que terminen demoliendo una de las piedras basales en las que se sostuvo el importante respaldo electoral a Milei: la lucha contra los privilegios de la casta política.