Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) cuestionaron de manera contundente el financiamiento del aumento en las jubilaciones votado por la Cámara de Senadores este jueves. Sostienen que pone en riesgo la canalización de créditos para sectores históricamente desatendidos.
Los senadores aprobaron con un amplio respaldo la nueva ley de movilidad jubilatoria, que establece un aumento de la jubilación mínima a $331.000 y eleva el bono previsional mensual a $110.000. La normativa prevé cubrir el impacto presupuestario de diversas formas, entre las que se incluye la eliminación de exenciones del Impuesto a las Ganancias para SGR.
¿Corre riesgo el financiamiento de más de 1.000 pymes?
Fue sobre este punto que recayó la crítica. «El artículo 10 del proyecto propone la derogación del Sistema de SGR, bajo el argumento de su presunto costo fiscal. Esta medida omite considerar el rendimiento netamente superavitario del sistema y su alto impacto en términos de acceso al crédito, inclusión financiera y dinamización del tejido productivo nacional«, señalaron las sociedades en un comunicado.
El documento, publicado este viernes, destacó una larga lista de beneficios que genera el sistema de SGR. Entre ellos se destacan el respaldo financiero a más de 1.000 pymes, los 510.000 empleos que generan las empresas beneficiarias y los u$s1.500 millones de exportaciones anuales que realizan estas firmas.
Las SGR explicaron que «el modelo argentino se basa en un esquema de articulación público-privada, en el que confluyen aportes de capital de riesgo del sector privado con incentivos y supervisión estatal, lo que permite alinear objetivos de rentabilidad, impacto social y desarrollo económico federal».
En ese sentido, afirmaron, «el Estado gestiona el crédito pyme en forma eficiente», ya que «con el 35% que ‘aporta’ el Estado al sistema, se genera crédito pyme por un 403%». «Las SGR potencian el financiamiento productivo, no son un gasto. La desgravación impositiva representa tan solo el 0,004% del PBI», profundizaron.
Las otras formas de financiamiento de la actualización del 7,2% de los haberes jubilatorios, junto con un incremento del bono mínimo, son las siguientes: eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas, reasignación de partidas de la ex SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia), utilización de recursos provenientes de registros automotores, y ahorro estimado por la baja en la tasa del Fondo Monetario Internacional (FMI).