El procesamiento de Alberto Fernández por la Causa Seguros, dictada por el juez federal Sebastián Casanello, sumó el nombre del expresidente a una larga lista de exfuncionarios que fueron investigados, imputados e incluso condenados por la Justicia en los últimos diez años.
De hecho, se estima que en la última década al menos 40 funcionarios kirchneristas fueron acusados por delitos contra el patrimonio del Estado. Muchas de esas causas fueron iniciadas por la Oficina Anticorrupción (OA), aunque según el color de los Gobiernos de turno muchos de esos casos se vieron frenados en los últimos años.
Uno de los temas emblema fue la Causa Vialidad, que semanas atrás terminó con Cristina Kirchner condenada e inhabilitada a ocupar cargos públicos.
Por caso, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la Oficina Anticorrupción (OA) realizó 129 presentaciones judiciales penales, de las cuales 17 fueron dirigidas contra funcionarios de la administración anterior. Así lo reflejó un informe que el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentó ante el Congreso en septiembre del año pasado.
De hecho, solo entre 2014 y 2019, la OA pidió ser querellante en 39 causas que involucraban a 40 exfuncionarios públicos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que fueron investigados, procesados o condenados por corrupción.
Alberto Fernández, con el procesamiento de este jueves, se sumó a esa lista.
Los principales funcionarios acusados por corrupción en los últimos años
Según el desglose oficial, 34 denuncias están vinculadas a distintos delitos y las 95 restantes se originaron por el incumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales.
Una de las causas más destacadas es la que involucra a Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y exfuncionario del extinto Ministerio de Desarrollo Social. En esa denuncia también fueron incluidos otros dirigentes piqueteros, acusados de «amenazas coactivas y defraudación contra la administración pública». El expediente fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano y apunta a una presunta extorsión contra beneficiarios de planes sociales.
Una de las principales actuaciones de la OA se dio en la causa Vialidad, donde fue parte activa del proceso. Lo mismo ocurrió con los expedientes derivados de los «Cuadernos de las coimas», y otros cuatro vinculados a la cartelización de la obra pública, el transporte ferroviario y los corredores viales. Esas investigaciones surgieron a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que trabajaba con Roberto Baratta, el segundo del Ministerio de Planificación.
En esos procesos, la expresidenta fue procesada por el fallecido juez Claudio Bonadio, quien la sindicó como «jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado». Esa estructura también involucraba a funcionarios y empresarios de la construcción. Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli centralizaron al menos seis causas, muchas de las cuales incluyeron a más de 100 imputados.
En otra causa relevante, la OA fue querellante en la investigación por la expropiación de YPF, en la que Cristina Kirchner también aparece entre los imputados. Allí se examinan posibles delitos en torno a la adquisición de acciones por parte del Grupo Petersen, supuestas maniobras de vaciamiento y el monto de la indemnización estatal a la compañía.
La lista de funcionarios investigados incluye también a Amado Boudou, ex vicepresidente de Cristina Kirchner, quien fue condenado en 2018 por «cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública». La OA fue clave como querellante en la causa Ciccone, donde se lo acusó de quedarse, a través de intermediarios, con el control de la imprenta de billetes del Estado.
La condena incluyó 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Luego, en 2021, el juez Ricardo Basílico le otorgó la libertad condicional, tras una reducción de la pena. Durante un año y medio, Boudou permaneció bajo arresto domiciliario en una vivienda con pileta y quincho en Avellaneda.
La OA también participó en causas conexas, como la de The Old Fund, empresa asociada a Boudou, que recibió pagos de la provincia de Formosa por asesoramientos que no existieron. Ese expediente involucra directamente al gobernador Gildo Insfrán, aunque posteriormente pasó a la justicia ordinaria de esa provincia. La OA terminó retirándose como querellante.
En tanto, Ariel Lijo aún no resolvió la situación procesal de Boudou en otra causa por enriquecimiento ilícito, iniciada hace siete años y que sigue abierta.
Otra figura del kirchnerismo condenada fue Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la presidencia de Néstor Kirchner, quien recibió tres años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y una orden de devolver casi $7 millones. El fallo fue ratificado en 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal.
Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi también integran la lista de condenados. En la causa del soterramiento del tren Sarmiento, adjudicada a Odebrecht e IECSA (por entonces propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), la OA fue querellante desde 2017 hasta 2020.
Jaime también fue condenado por el caso de los «trenes chatarra» junto a su asesor Manuel Vázquez y el ex ministro Julio De Vido, acusado por la compra de material ferroviario en mal estado a España y Portugal por u$s25 millones.
Otro expediente que lo involucró fue el de Belgrano Cargas, por facturas falsas utilizadas para justificar reintegros del Estado. La OA se presentó como querellante en 2012 pero se retiró en 2020.
Sobre Schiavi, la OA impulsó una causa por subsidios irregulares y deficiencias en la gestión del sistema SUBE.
El organismo también apuntó contra Julio De Vido, en particular en el expediente «Once II», donde fue condenado por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», por su falta de intervención para evitar el deterioro del servicio a cargo de Trenes de Buenos Aires (TBA). La Corte Suprema de Justicia confirmó su responsabilidad penal en 2023, aunque habilitó una revisión de la pena, que originalmente era de cinco años y ocho meses.
Otra causa clave fue la de Yacimiento Carboníferos Río Turbio, donde De Vido fue detenido por primera vez en 2016, acusado de un fraude de $264 millones en obras para la mina de carbón en Santa Cruz. La OA se sumó como querellante en 2018, pero se retiró en 2020 tras el cambio de gobierno.
También intervino en el expediente por enriquecimiento ilícito contra Carlos Liuzzi, ex segundo de Carlos Zannini, aunque finalmente se retiró y Liuzzi fue sobreseído por falta de pruebas periciales concluyentes.
Entre otros, la OA se presentó como querellante en el expediente del Plan Qunita, en el que fueron procesados Aníbal Fernández y Daniel Gollán por «fraude» mediante la supuesta confección de pliegos a medida. Aunque en 2021, todos los acusados fueron sobreseídos.
También impulsó una causa contra Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por subsidios para construir canchas de hockey por u$s56 millones. La OA solicitó sus indagatorias en 2018 pero abandonó la acusación durante el gobierno del Frente de Todos.
El organismo tuvo participación en el juicio por enriquecimiento ilícito de José López, el ex funcionario condenado a 6 años de prisión tras ser encontrado con u$s9 millones en un convento. Además de la pena, se ordenó el decomiso de los bienes y el dinero.
Finalmente, la OA también se retiró de la causa por enriquecimiento ilícito de César Milani, ex jefe del Ejército, sobre quien en 2023 la Cámara de Casación pidió una nueva sentencia, calificando de «arbitraria» la absolución previa.
La etapa más activa de la OA fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Laura Alonso, entonces titular del organismo, se constituyó como querellante en 39 causas, en su mayoría contra exfuncionarios kirchneristas.