La semana comenzó con otra decisión favorable para los fondos buitres y que Argentina deberá responder en sólo tres días. Este lunes, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Estado nacional respecto de suspender la sentencia contra YPF, donde se le ordena a la petrolera transferir el 51 por ciento de sus acciones a una cuenta de custodia global en el The Bank of New York Mellon Corporation.
“La República continúa la demora y la elusión de sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida”, reclamó la magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, 14 días después de que dictara el fallo a favor de los buitres Burford Capital y Eton Park. Luego de la expropiación en 2012, los fondos vieron un negocio si obtenían parte de las acciones y eso hicieron. Compraron las acciones de la familia Eskenazi cuando entró en default y ahora presionan al país para cobrar cifras millonarias: el litigio es por 16.000 millones de dólares, a favor de los caranchos.
La decisión “es prematura e irrazonable, y se aparta de las normas sobre inmunidad soberana que rigen en Estados Unidos. Esto último ya lo expresó el gobierno de Estados Unidos en el escrito que su Departamento de Justicia presentó en la causa en noviembre del año pasado, apoyando la postura de la defensa argentina y pidiéndole a Preska que no dictara esa orden”, afirmó en redes sociales, el abogado y especialista en la causa, Sebastián Soler.
El escrito de la jueza norteamericana cuestiona la solicitud del “stay” por parte de la defensa argentina, al alegar que con anterioridad su tribunal otorgó al país una suspensión sin la necesidad de una fianza. En ese momento las condiciones que estableció fueron la celeridad en la revisión de apelación y la presentación de una garantía mínima.
Según fuentes especializadas consultadas por PáginaI12, el Gobierno nacional “hizo bien en no aceptar esa propuesta porque terminaba siendo extorsiva. Cualquier bien o dinero quedaba bajo posibilidad de ejecución inmediata y luego vendrían por más”.
El Estado argentino había apelado el fallo la semana pasada y, tras esa acción, Preska convocó a las partes para una audiencia urgente que desembocó en la resolución de rechazo.
Argentina anticipó que continuará realizando presentaciones e incluso podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para reclamar una revisión de la sentencia. Hasta el jueves 17 de julio, el país podrá dirigirse directamente a la Cámara de Apelaciones.
“Desde el punto de vista técnico los escritos que ha presentado el Gobierno son correctos, sin embargo hay cosas que contradicen la estrategia. La primera son los dichos públicos de Milei, que prestan argumentos a los demandantes” y la segunda es “la designación del doctor (Santiago) Castro Videla, socio en un pequeño estudio vinculado al doctor (Alberto) Bianchi, contratado por el fondo Burford en el juicio de YPF contra la Argentina”, explicó Soler.
El estudio lleva sus nombres “Bianchi, Galarce y Castro Videla” y se dedica a representar grandes compañías mineras, petroleras, de telecomunicaciones y entidades financieras.
La defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”. Al punto que, en el veredicto, la letrada pide que Argentina modifique su Constitución para cumplir con el pronunciamiento.