El ex Instituto Nacional del Cáncer –desde marzo Dirección Nacional del Cáncer– tiene un presupuesto de $ 4.999 millones. Así lo informó ante el Congreso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También compartió la respuesta del Ministerio de Salud referida a las consultas sobre su funcionamiento: la conversión de instituto en dirección “no afectará la continuidad de ningún programa existente y tan solo es un cambio administrativo que apunta a un mayor control de sus acciones y a cumplir con sus funciones de una forma más eficiente. En la presentación ante la Legislatura recordó que todos los datos sobre los recursos asignados son de acceso público. Lo que no agregó es que el total presupuestado se mantiene desde 2024 y que, de ese total, se invirtieron $ 2.227 millones: $ 2.180 millones para tareas de conducción y administración.
Es decir que, para el noveno mes del año, el Instituto invirtió el 44% de lo previsto para todo 2025 y, de ese total, el 98% es para tareas de conducción y administración. Para el régimen especial de protección de niños, niñas y adolescentes con cáncer se presupuestaron $ 1.007 millones (y no presenta ejecución) y para la investigación y detección temprana se prevé una inversión de $ 336 millones, de los que se ejecutaron $ 47,6 millones (poco más del 11% del total).
Sobre el funcionamiento de los programas que continúan vigentes, el informe remitido a la Cámara de Diputados los nombra, pero no da mayores precisiones. El presupuesto no desagrega por programa, sino dentro de la apertura programática, afirman en el reporte de Francos. Detallan también que las iniciativas vigentes son las destinadas a la prevención del cáncer cervicouterino, prevención y detección temprana del cáncer colorrectal, control del cáncer de mama, el programa del cáncer familiar, el de cuidados paliativos, el de investigación en cáncer, el de recursos humanos en cáncer y el programa nacional de cuidado integral del niño, niña y adolescente con cáncer. Este último es el que, como se señaló más arriba, presenta nula ejecución. A su vez, redujo su presupuesto vigente de los $ 1.500 millones a los $ 1.000 millones entre 2023 y 2025.
El ítem de administración y conducción, en cambio, pasó a ser, en 2024, el de mayor peso en el presupuesto del organismo (se incrementó de los $ 1.415 millones a los $ 3.665 millones, un 159%). Todo eso a pesar de que, comunicó el propio Francos, entre diciembre de 2023 y lo que va de 2025 se produjeron 81 bajas “entre no renovaciones y rescisiones contractuales”.
El último informe del Observatorio Global de Cuidados Paliativos (Atlantes) y la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP), publicado en mayo de este año, detalla que el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, después de la disolución del Instituto Nacional del Cáncer, no cuenta con coordinación ni presupuesto específico. El objetivo del programa es, explican, la promoción de la atención continua y de calidad para pacientes oncológicos y sus familias.
En términos generales, la atención paliativa se vio afectada por varios factores. Mucha población de pacientes que antes accedían a otros subsistemas de salud ahora se han orientado hacia el sistema público, lo cual ha incrementado la demanda sin un acompañamiento de las estructuras de los dispositivos asistenciales para responder, comentó a PERFIL Silvina Dulitzky, presidenta de AAMyCP. “Por otro lado, tenemos datos de algunos equipos de referencia que se han visto diezmados por la falta de reconocimiento, con renuncias de profesionales, como sucedió en el equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Notti de Mendoza”, agregó.
Según autoridades de ese hospital, renunciaron algunos profesionales, aunque desmienten que el servicio no esté operativo.
“Por otro lado, está poniéndose en funcionamiento nuevamente el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, que había sido cerrado frente al cierre del Instituto Nacional del Cáncer. Básicamente, está retomando una de las líneas de gestión más importantes que tenía el programa, que es la formación de profesionales”, agregó Dulitzky. Pero las funciones que tenía iban más allá. Según el informe citado, “facilitó el acceso a cuidados mediante la capacitación profesional, el otorgamiento de becas de investigación y la provisión gratuita de medicamentos esenciales como morfina y metadona, fabricados a nivel nacional”. También “desarrolló la estrategia de Provisión de Analgésicos Opioides (PrAO), que buscaba asegurar una distribución continua y equitativa de estos medicamentos en todo el país”.
“Hasta ahora, quien ha tenido un rol más preponderante en la formación ha sido la Asociación, que siempre trabajaba con convenios con el Programa Nacional. En este momento, por lo menos en principio, no va a ser así”, detalló Dulitzky. Y agregó que “el programa no va a tener otra de sus líneas de gestión, que es la fiscalización, el control de la provisión de opioides, que va a seguir funcionando como está funcionando ahora, que se están haciendo cargo los ministerios provinciales”.
Por último, la profesional destacó que “continuamos sin políticas de salud acordes a la implementación de la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la provisión de cuidados paliativos integrales y en la accesibilidad a estos cuidados”.
Fuertes recortes en salud. Desde 2023 a 2025 el presupuesto para el Instituto Nacional del Cáncer aumentó un 63%, con lo que quedó muy por debajo de la inflación. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de este instituto presentó una baja real del 51% entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo período de 2023.
En el documento agregan que en materia de salud se observan fuertes caídas: la Superintendencia de Servicios de Salud (-52%) y la Agencia Nacional de Discapacidad, con un recorte en su ejecución del 23%. El conjunto de los hospitales nacionales sufrió caídas de entre el 30% y el 39%.